“En España se están violando derechos humanos en salud y vivienda”

Recortes. Ajustes del gasto público. Sobredimensión de las políticas sociales. Para Esteban Beltrán, director de la sección española de Amnistía Internacional desde 1997, las violaciones de derechos humanos se esconden bajo diferentes nombres. Eufemismos para esquivar el empobrecimiento de derechos como el acceso a una salud universal. O a una vivienda adecuada. Tubbiederechos – por los Teletubbies-, como los define Beltrán, que la Constitución no considera fundamentales. Propone un cambio de la Carta Magna para blindarlos y comenzar a remendar un sistema con muchas grietas. La movilización de la sociedad civil, clave para conseguirlo. “El futuro no está escrito, depende de nosotros”, decía ayer durante una conferencia en la Facultad de Filología de Sevilla.

¿La crisis es una causa o una excusa para no respetar esos derechos?

Es una excusa para aplicar medidas de austeridad sin considerar el impacto sobre las personas. La crisis económica lo tapa todo. Parece que cualquier medida es razonable siempre que equilibres la balanza de pagos, que reduzcas el nivel de gasto del Estado. Y no. Se tienen que tomar medidas que alivien la crisis económica, quizás incluso reducir el gasto del Estado, pero no cuando implica violación de derechos humanos. En época de crisis económica, no quedan suspendidos los derechos humanos, siguen vigentes. Puedes violarlos, pero te vamos a decir que lo estás haciendo. En España se están violando derechos humanos, fundamentalmente en salud, vivienda y malos tratos en manifestaciones.

¿Hablar de recortes es un modo de disfrazar violaciones de derechos humanos?

Desde luego es una forma de no entender o no de querer entender la violación de derechos humanos. El énfasis, ¿se pone en los derechos de las personas o en el gasto? Si los pones en el gasto, es recorte. Si lo pones en el derecho de las personas, es violación de derechos humanos. Dejar sin tarjeta sanitaria a inmigrantes, por ejemplo. Es importante llamar a las cosas por su nombre.

¿Hay consciencia de que se producen esas violaciones?

Mucha gente percibe que violan sus derechos, no sé cómo los llamará. Pero cuando la gente se queda en la calle, les están violando sus derechos y ellos así lo perciben. Cuando la gente no está segura de si un enfermo de tuberculosis va a tener atención en un hospital, seguro que piensa que le están violando sus derechos. Lo que ocurre es que es una violación que durante muchísimos años ha sido percibida como una cuestión que tenía que ver con políticas sociales del Estado, sea a nivel autonómico, municipal o central. En el caso de vivienda, claramente no fue nunca concebida como un derecho. Mucha gente, en épocas de especulación inmobiliaria, lo concibió como una inversión para el futuro, pero no como un derecho. Eso no se revierte en tan poco tiempo.

¿Qué repercusión va a tener la gestión de la crisis económica?

El futuro no está escrito, pero si las políticas siguen profundizando en castigar a los colectivos más vulnerables violando sus derechos humanos, si seguimos tomando medidas de austeridad sin medidas paliativas, a nivel europeo y nacional, esto va a tener una repercusión por generaciones a la hora de profundizar en la desigualdad. Por eso hay que corregirlas inmediatamente. Si no, vamos a retroceder varios años.

“Se creía que a cualquier manifestación pública se podía ir pacíficamente y sin problemas, pero no. La sociedad está más indefensa”

¿España es hoy más desigual que hace cinco años?

Lo que es una constatación es que la gente está más indefensa. Se creía que había universalidad en salud, pero no. Se creía que todo el mundo tenía acceso fácil a una vivienda con un crédito, pero no. Hay desalojos y desahucios. Se creía que a cualquier manifestación pública se podía ir pacíficamente y sin problemas, pero no. La sociedad está más indefensa. Hay que rectificar. Tenemos que colaborar, por lo menos para que nos podamos defender. La desigualdad se ve en mucho más tiempo, pero si las políticas públicas no buscan proteger a los colectivos vulnerables de la sociedad, sino que los castigan, se hace una sociedad mucho más desigual y más injusta.

Antes de la crisis, ¿se hizo lo suficiente para garantizar esos derechos?

No. Deberíamos haber promovido cambios constitucionales para garantizar el acceso a la salud y la vivienda como derechos fundamentales, por lo menos. Con el acceso a la salud se hizo: hubo una ley en 1996, y otra en 2011. Pero, al no ser derecho fundamental constitucional, se puede poner y se puede quitar la ley. La única forma de que la gente considere, o logre, estar un poco defendida en materia de derechos humanos es que logremos dos cosas: cambios constitucionales y que el poder judicial cumpla con su obligación de utilizar las normas internacionales para proteger los derechos de la gente. 

“Hay que cambiar la Constitución y que el poder judicial cumpla con su obligación de utilizar las normas internacionales para proteger los derechos”

¿Cómo es la situación en materia de vivienda?

La falta de datos es evidente. El último censo de vivienda protegida en España es del año 2001. Es difícil saber hasta el nivel de violación de derechos humanos. El único dato: desde 2007 a finales de 2012 ha habido 400.000 ejecuciones hipotecarias aproximadamente, aunque tampoco hay un desglose de cuáles son primera vivienda, segunda o de negocios. Pero es claro que hay un aumento de la gente que pierde su vivienda y se ve en la calle. ¿Cuánta gente hay sin techo en España? Es difícil de saber, pero son miles de personas. La situación no es irreversible, porque se pueden tomar medidas para solventar el derecho a la vivienda, pero estamos hablando de grave violación de derechos humanos en España.

¿Es la ley andaluza antidesahucios una solución efectiva?

Por lo menos reconoce el derecho a una vivienda adecuada como un derecho humano, y esto es importante. No es suficiente, porque no se pueden expropiar todas las viviendas en todo momento, pero va a aliviar a bastante gente. La medida que tomó el Gobierno central a mediados del año pasado de proteger por dos años el derecho a una vivienda adecuada tiene el problema de que es para grupos muy vulnerables de la sociedad y va a tener un efecto muy limitado. A diferencia de la ley andaluza, además, no paraliza el desahucio. Por lo tanto, es una medida  que al menos muestra un reconocimiento de la vivienda como un derecho humano y la obligación de protegerlo.

El Gobierno estudia otro recurso. Una de las críticas recurrentes es que pone en peligro la estabilidad económica… ¿Cuestión de prioridades?

Lo que es una cuestión de prioridad es dónde pones el énfasis. La estabilidad económica es un concepto que no sé qué significa. Sé lo que significa que la gente pierda su casa. Es un derecho. No puedes tomar medidas que vulneren los derechos humanos, ese es el punto fundamental. Dejar sin tarjeta sanitaria, por ejemplo, a más de 800.000 personas, ¿contra qué atenta? Contra los derechos de la gente. Que pierdan su vivienda y no tengan medios para tener un techo viola los principios de Naciones Unidas sobre desalojo de viviendas. El Gobierno tiene como obligación cumplir los derechos humanos. Y las personas van antes que todo.

“La ley antidesahucios andaluza muestra un reconocimiento de la vivienda como un derecho humano y la obligación de protegerlo”

Andalucía también se declaró insumisa y siguió ofreciendo sanidad universal a personas sin tarjeta sanitaria…

Andalucía es una de las cinco comunidades que se negó a adoptarlo. Es una medida positiva, pero declaró que adoptaría en el futuro medidas legislativas para garantizar la universalidad y todavía no se han tomado. Necesitamos que el Gobierno andaluz no solo diga que no va a aplicarlo. Puede haber un escenario de caos administrativo en todo el Estado que ha provocado que pueda haber irregularidades, como cobrar urgencias, etc. El Gobierno andaluz ha tomado la medida de rechazar la medida, pero no ha tomado otras adicionales para garantizar el derecho a la salud.

¿Ha sido la crisis especialmente injusta con los inmigrantes?

La crisis ha aumentado la estigmatización por parte de los poderes públicos del colectivo de inmigrantes. Es injusto. ¿Por qué se restringe la tarjeta sanitaria? El mensaje que llega del Gobierno es que están haciendo uso indebido de la salud. Eso es estigmatización y no es cierto. Al contrario. La mayoría de los inmigrantes que llega a España son los más sanos, es la gente más joven. Todos los informes, incluso del BBVA, indican que en absoluto son ellos los que ocupan el sistema de salud. Son los ancianos, y ellos no son inmigrantes. La medida es injusta, estigmatizadora, ilegal en el marco del derecho internacional y es discriminatoria. Es un colectivo estigmatizado, y no solo en España. En Grecia, por ejemplo, se les ha tomado como los causantes de la crisis económica porque ocupan el lugar que los griegos tienen legítimamente que ocupar. Hay un riesgo: que eso derive en ataques racistas y xenófobos. Como el Gobierno español, además, no está preparado para documentar los ataques racistas, puede dar lugar a una invisibilidad del racismo en España.  

“La estigmatización de los inmigrantes por parte de los poderes públicos puede derivar en ataques racistas y xenófobos”

En países como Grecia la ultraderecha ha ascendido con fuerza, de hecho. ¿Esta actitud no fomenta al auge de esas ideas extremistas?

Desde luego, manda un mensaje muy preocupante a la sociedad. El hecho de que los inmigrantes, por el simple hecho de serlo, son culpables de algo como colectivo.

¿Es probable un escenario en el que la ultraderecha gane fuerza en España?

Soy poco partidario de hacer adivinanzas. Es verdad que en el ámbito europeo existen una serie de políticas migratorias que castigan con cárcel a inmigrantes por el hecho de emigrar y que utilizan un sistema de externalización de fronteras para hacer más difícil la llegada, también a refugiados y exiliados, como es el caso de Siria. Además, las medidas que se toman sobre salud y educación castigan al colectivo de inmigrantes. Por lo tanto, si hay un colectivo en todo el mundo que tiene el riesgo de convertirse en una segunda clase de ciudadanos, con una segunda clase de derechos, son refugiados, exiliados e inmigrantes. Eso es muy peligroso, podemos perder la universalidad de los derechos humanos simplemente por el hecho de que estén en falta administrativa. Es un riesgo real que, además, puede alimentar una retórica populista.

¿Nos hemos movilizado más por la crisis?

Cuando están en riesgos sus derechos, la gente se moviliza. El año pasado en España hubo más de 35.000 manifestaciones. El nivel de protesta ha sido grande, también en buena parte de Europa y el mundo. Desde Ocupa Wall Street a Rusia. En China, por ejemplo, en los últimos dos años ha habido más manifestaciones públicas contra la corrupción que en los últimos diez años. A nivel mundial, hay un alto nivel de protesta. La gente defiende sus derechos en la calle, pero los gobiernos lo han aprovechado para restringir el derecho de manifestación. Hay una tendencia en restringirlo y eso es muy peligroso también. Que nadie piense que la crisis solo se va a utilizar para violar el derecho a salud, educación o vivienda. Hay que tener cuidado de que no se utilice para violar derechos civiles o políticos que creemos ganados.

“Si no hay movilización ciudadana, los gobiernos tienen la tentación de decir que lo que hacen no importa a mucha gente”

¿Qué vías puede tomar la sociedad civil?

En primer lugar, la sociedad civil tiene que organizarse muy bien para lograr presión internacional sobre los gobiernos. Amnistía Internacional juega ahí un papel fundamental. Tenemos que lograr que la Unión Europea y cada gobierno nacional sepan que tomar medidas de austeridad sin derechos humanos tiene un coste político. Eso significa ir también a los tribunales, como el Europeo de Derechos Humanos, acudir a la ONU, al Consejo de Europa, etc. La gente tiene que denunciar internacionalmente lo que ocurre. En segundo lugar, la gente tiene que convencer y presionar a su gobierno con movilización ciudadana. Es esencial. Si no hay movilización ciudadana, los gobiernos tienen la tentación de decir que lo que hacen no importa a mucha gente. La tercera es conseguir que haya un equilibrio de poder y que el poder judicial actúe cumpliendo con sus obligaciones de proteger los derechos de la gente. Eso significa denunciar ante los tribunales e insistir hasta conseguir sentencias. Desafortunadamente estamos en una situación muy difícil, pero afortunadamente tenemos todavía herramientas para poder defendernos. Pero cuidado, no perdamos las luces de larga distancia: si queremos que esto no ocurra nunca más, tenemos que lograr cambios constitucionales. Es importante que no vengan solo de los partidos políticos, sino de la sociedad civil. El más relevante es lograr que los derechos humanos sean igualmente reconocidos en la Constitución. Esa es la inversión para el futuro. Nos los podrán violar, pero nos podemos defender.

14 Derechos Humanos (más uno) que España ha violado y sigue violando

España se define como un país democrático pero está bastante limitado en cuanto a las  libertades y la satisfacción de la condiciones aceptables para la vida de sus ciudadanos,  de hecho, no cumple multitud de derechos recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Concretamente los 14 siguientes:

Vulnera el artículo 1 de la Carta de Derechos Humanos, negando a las personas inmigrantes, por razones de índole económica, la mayor parte de los derechos recogidos en su texto. Puesto que aquellos inmigrantes que compren residencia en España por más de 500.000 euros se convierten en ciudadanos de pleno derecho, es evidente que el reino de España niega los derechos humanos a una parte de la población a causa de su pobreza. Los inmigrantes pobres son perseguidos, torturados y encarcelados.

1-Incumple el artículo 5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Desde las torturas en las marchas de la dignidad pasando por la torturas en el País Vasco o la guerra sucia de los GAL, el caso del bombero detenido en prisión y los relatos y denuncias de numerosos manifestantes recogidos en el dossier de Amnistía Internacional, resulta obvio que en el cápitulo de erradicar la tortura España está como en otras muchas cosas a la cola de Europa, o a la cabeza, según se mire.

2-Incumple el artículo 7: Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

La legislación española distingue entre españoles y fóraneos cuanto menos. Y dentro de fóraneos también distingue entre extranjeros pobres y los ricos que puedan permitirse viviendas de más de 500.000 euros, como ya se ha expresado en el punto anterior.

3-Incumple el artículo 8: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

La nueva ley de tasas de Gallardón vulnera la capacidad de recurrir en los tribunales de la gente de pocos recursos, que no pueden costearse el dinero de demandar ante cualquier injusticia que se cometa sobre ella, además, para acabarlo de redondear, Gallardón ha limitado la demanda colectiva, donde varias personas sin recursos damnificadas por un mismo agente podían reunirse para demandar a  dicho agente.

4-Incumple el artículo 9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Desde activistas pacíficos a los que luego se ha declarado inocentes, hasta periodistas, blogueros, ciudadanos con chapas republicanas, militantes del 15M, bomberos o médicos en  el Estado español, cualquiera es susceptible de ser detenido arbitrariamente por cualquier motivo siempre que la Policía así lo decida.

5-Incumplió el articulo 11,2 2: Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

El estado español incumplió este derecho humano al aplicar la ley Parot a una serie de presos con efecto retroactivo.

6- Incumple el artículo 12: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

El Estado español no protege a los ciudadanos de su país del espionaje sistemático de las comunicaciones que ha revelado el ex-agente de la CIA Edward Snowden,también ha realizado seguimiento a las publicaciones de usuarios en redes sociales y ha cazado a personas en sus propios domicilios por publicar en internet.

7-Incumple el artículo 17.2: Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

El estado español sigue manteniendo una ley hipotecaria que ha sido denunciada por la unión europea, por distintos organismos internacionales, por distintos movimientos sociales y por la mayor parte de la sociedad. Es una ley arbitraria heredera de la legislación franquista que permite a los bancos usurpar propiedades masivamente.

8-Incumple el articulo 19: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Para empezar, la inviolabilidad del rey no permite por ley criticar la figura del monarca, la nueva ley de seguridad ciudadana también perseguirá las injurias de la bandera, las opiniones críticas a la Policía y ese cajón desastre denominado apología del terrorismo, desde donde se insertan desde canciones jubilosas por asesinatos privados en un ajuste de cuentas, hasta gritar consignas en la calle o escribir según qué mensajes en las redes sociales de Internet. Vamos, libertad de expresión hay la justa, mientras toque de lejos a las instituciones del Estado.

9-Incumple el articulo 20.1: Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.

Además está penada la celebración de reuniones en lugares de tránsito público. O sea, en resumen, en España todo el mundo tiene libertad de reunión o en un domicilio privado o en algún pueblo abandonado. O, bueno, también si se tiene el dinero para la multa y uno se lo puede permitir.Primero habrá que ver según donde: la ley de seguridad ciudadana penalizará con 30.000 euros cualquier reunión cercana ante instituciones del Estado como el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos o los altos tribunales, también negarse a disolver reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público tras una orden de la autoridad competente estará penado con 30.000 euros o con 600.000 euros si se lleva a cabo ante infraestructuras críticas, como centrales nucleares o pistas de aeropuerto, y también si lo haces delante de la casa de un representante público (escraches). También  la ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o de la vía pública, en esos sitios no está permitido manifestarse, solo circular.

10-Incumple el artículo 22: Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Para empezar, de nuevo excluimos a los inmigrantes de todo esto, y luego, entre los nacionales, tenemos que el paro crónico y la negativa o incapacidad de los poderes públicos a solucionarlo, ya sea con la creación de puestos de trabajo o con remuneraciones, impide a una gran mayoría tener derechos económicos. A todo esto, los copagos en los servicios públicos, las subidas de tasas universitarias y la monetarización y recorte de todo lo público, acaba cerrando el círculo que hace que este derecho sea papel mojado.

11-Incumple el artículo 23.1:  Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 

España está  estre los países del mundo que más vulnera este derecho. Países como Iraq, Guinea Ecuatorial, Gabón o Timor oriental respetan más el derecho al trabajo que el reino de España. Nosotros estamos en la misma liga que Camerún, Mali o Grecia: entre el 25% y 30% de paro. Y de libre elección, nada: en España se te obliga mediante el hambre y la deuda a coger el primer empleo que venga, además te ves privado de cualquier ayuda al desempleo en caso de rechazar limpiar letrinas en Cádiz cuando eres de Zamora.

12- Incumple el artículo 23.2: Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

En el Estado español, a igual trabajo, ten por serguro que pertenecer a alguna minoría te hará cobrar menor salario, empezando por ser mujer (las cuales, por cierto, no son minoría sino mayoría), siguiendo por ser joven, continuando por ser viejo y luego, por supuesto, ser de otra nacionalidad. También depende de a qué minoría pertenezcas,  las minorías raciales no cobran todas igual, también hay diferencias entre ser de la Unión Europea, de las lindes de la Unión Europea, de Sudamérica y de lo que sería el escalón más bajo, África.

13-Incumple el artículo 25: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica.

Este derecho podría cumplirse si en vez de toda persona dijera algunas personas y otras no, según convenga a nuestros acreedores. Pero no, en España el 6,7% de la población vieve en la extrema pobreza y el 21,6% en la pobreza relativa, eso solo entre la población que tiene la nacionalidad española.

14- Y, por supuesto, incumple el artículo 28:

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.

Salvador Blat Amador

DERECHOS SOCIALES

La fundación de Cáritas pide reformar el artículo 135 de la Constitución: primero los pobres y después la deuda

FOESSA propone también limitar la posibilidad de que los bancos traspasan los contratos de hipotecas de familias hacia los llamados ‘fondos buitre’.

Sede de Cáritas

La Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada) vinculada aCáritas, ha hecho público un informe en el que pone “sobre la mesa una amplia agenda de políticas públicas prioritarias para rescatar, en términos sociales, a las personas más excluidas como consecuencia de la recesión”. Entre las políticas de carácter estructural que esta fundación propone para reducir las elevadas tasas de pobreza y exclusión se pide establecer unos «mínimos vitales» irrenunciables, que deben estar garantizados por el Estado para toda la población, para lo cual considerannecesario modificar el artículo 135 de la Constitución, para que no se priorice el gasto de la deuda, como ocurre tras la reforma que hicieron PP y PSOE, sino garantizar unos ingresos mínimos” a las “personas más excluidas”.

En dicho estudio, titulado ' Empleo precario y protección social ' los miembros del Consejo Científico de FOESSA alertan -tal y como informa Cáritas en su web- sobre lanecesidad urgente de acometer en nuestro país una revisión completa del sistema de protección social y una inversión de recursos mucho mayor que la actual. En su opinión, es imprescindible situar la reducción de la pobreza como un objetivo explícito de un proceso de “recuperación inclusiva” que permita aprovechar una eventual recuperación económica en beneficio de los más débiles.

Y se hace notar que “en un momento tan crucial de nuestra reciente historia democrática –se afirma en el preámbulo del Informe--, cuando todavía están recientes los resultados de las últimas elecciones locales y en gran parte de las autonomías en nuestro país, es necesario redoblar nuestros esfuerzos en situar a las personas y familias en peor situación en el eje principal de las políticas públicas”.

Y advierten que “todos los partidos políticos, independientemente de su historia, independientemente de su experiencia, de que tengan o no responsabilidad directa en la gestión de lo público, tienen ahora una nueva oportunidad de responder a las necesidades de los ciudadanos que peor lo han pasado en esta recesión”, se añade.

La agenda de políticas públicas que propone FOESSA plantea cuatro líneas de actuación: políticas de carácter estructural, políticas especializadas, políticas de apoyo y políticas personalizadas.

Son aquellas dirigidas a reducir las tasas más elevadas de pobreza y exclusión, y a erradicar sus raíces de carácter estructural. Para ello, el objetivo básico pasa por establecer unos «mínimos vitales» irrenunciables, que deben estar garantizados por el Estado para toda la población.

Reordenar las pensiones no contributivas

Para alcanzar ese objetivo, la Fundación vinculada a Cáritas, como ya hemos mencionado, apuesta por “ medidas como la modificación del artículo 135 de la Constitución para subordinar cualquier otro componente del gasto público a la garantía de satisfacción de esos mínimos vitales, o reordenar el conjunto de prestaciones no contributivas, tanto de la Seguridad Social como de las Comunidades Autónomas para configurar un auténtico sistema de garantía de ingresos mínimos con cobertura para todas las personas que lo necesiten”.

FOESSA propone, también, nivelar las asimetrías sociales existentes con una irrenunciable política fiscal progresiva que cuantitativamente grave más a quien más tiene, así como la apuesta por la agenda para el desarrollo social en España, que permita la cohesión y la inclusión social, pero para después alertar que “este último objetivo difícilmente podrá alcanzarse si la cuantía presupuestaria de las partidas de lucha contra la exclusión no se vincula a su evolución”.

Sanidad, vivienda e inmigración

En el apartado de políticas especializadas, el Informe desarrolla hasta 13 medidas que permitan solucionar las manifestaciones más preocupantes de la exclusión y que tienen que ver con la fragilidad de acceso a bienes básicos y el ejercicio derechos sociales como vivienda, educación, salud o servicios sociales, entre otros.

En materia de salud, la Fundación de Cáritas “urge a derogar el Real Decreto 16/2012, que restringe el derecho a asistencia sanitaria las personas extranjeras sin papeles; desbloquear el desarrollo de la Ley de Dependencia; o eliminar los copagos farmacéuticos en las rentas por debajo del umbral de la pobreza”.

En relación a la vivienda, en el estudio se subraya que “perder la casa es una de las situaciones más extremas en la vida de un hogar y puede ser el camino de descenso a situaciones de profunda exclusión de las que luego sea muy difícil escapar. Por lo que FOESSA cree que es absolutamente imprescindible introducir cambios en la ley hipotecaria para afrontar el drama de los desahucios provocados por el impago de un contrato de hipoteca.

Ya como soluciones concretas, la citada fundación considera que es necesario mejorar las situaciones creadas en los desahucios por impagos debidos al desempleo sobrevenido, así como seguir creando medidas que eviten la obligación de cubrir el total de la hipoteca si el bien hipotecado no tiene suficiente valor de mercado y limitar la posibilidad de que el sistema bancario traspasase los contratos de hipotecas de familias hacia los llamados «fondos buitre».

Respecto a la inmigración se señalan cuatro medidas: facilitar un reconocimiento automático del permiso de residencia por trabajo efectivo; proporcionar el reconocimiento efectivo y no condicionado a la reagrupación familiar; cerrar los centros de internamiento de extranjeros y prohibir de manera expresa las deportaciones por irregularidad administrativa, tanto «en caliente» como las sobrevenidas ya en territorio nacional; y respetar el reconocimiento efectivo del derecho a la protección internacional (asilo y refugio) para todas aquellas personas —y sus familias— cuya vida corra peligro en los países de origen.

Revisar la reforma laboral

También se plantea una estrategia de actuación respecto de los empleos con bajos salarios --que revise ciertos aspectos de la reciente reforma laboral— y el diseño de un sistema que cubra realmente las necesidades de los hogares durante las transiciones laborales.

Se propone, también, crear unas políticas sociales reales de apoyo a las familias, que incida sobre todo en la situación de vulnerabilidad de los menores, con apoyos como becas de comedor o la provisión, en períodos no lectivos, de fórmulas dignificadoras dirigidas a garantizar la alimentación esencial a niños y niñas menores de 16 años.

Caritas reconoce que el objetivo del análisis de FOESSA es poner sobre la mesa un conjunto de propuestas que puedan ser incorporadas en la construcción de la agenda social de los partidos políticos , dada la cercanía de las elecciones generales, colocando, así, "a las personas en situación de exclusión social en una posición central".