“En España se están violando derechos humanos en salud y vivienda”
Recortes. Ajustes del gasto público. Sobredimensión de las políticas sociales. Para Esteban Beltrán, director de la sección española de Amnistía Internacional desde 1997, las violaciones de derechos humanos se esconden bajo diferentes nombres. Eufemismos para esquivar el empobrecimiento de derechos como el acceso a una salud universal. O a una vivienda adecuada. Tubbiederechos – por los Teletubbies-, como los define Beltrán, que la Constitución no considera fundamentales. Propone un cambio de la Carta Magna para blindarlos y comenzar a remendar un sistema con muchas grietas. La movilización de la sociedad civil, clave para conseguirlo. “El futuro no está escrito, depende de nosotros”, decía ayer durante una conferencia en la Facultad de Filología de Sevilla.
¿La crisis es una causa o una excusa para no respetar esos derechos?
Es una excusa para aplicar medidas de austeridad sin considerar el impacto sobre las personas. La crisis económica lo tapa todo. Parece que cualquier medida es razonable siempre que equilibres la balanza de pagos, que reduzcas el nivel de gasto del Estado. Y no. Se tienen que tomar medidas que alivien la crisis económica, quizás incluso reducir el gasto del Estado, pero no cuando implica violación de derechos humanos. En época de crisis económica, no quedan suspendidos los derechos humanos, siguen vigentes. Puedes violarlos, pero te vamos a decir que lo estás haciendo. En España se están violando derechos humanos, fundamentalmente en salud, vivienda y malos tratos en manifestaciones.
¿Hablar de recortes es un modo de disfrazar violaciones de derechos humanos?
Desde luego es una forma de no entender o no de querer entender la violación de derechos humanos. El énfasis, ¿se pone en los derechos de las personas o en el gasto? Si los pones en el gasto, es recorte. Si lo pones en el derecho de las personas, es violación de derechos humanos. Dejar sin tarjeta sanitaria a inmigrantes, por ejemplo. Es importante llamar a las cosas por su nombre.
¿Hay consciencia de que se producen esas violaciones?
Mucha gente percibe que violan sus derechos, no sé cómo los llamará. Pero cuando la gente se queda en la calle, les están violando sus derechos y ellos así lo perciben. Cuando la gente no está segura de si un enfermo de tuberculosis va a tener atención en un hospital, seguro que piensa que le están violando sus derechos. Lo que ocurre es que es una violación que durante muchísimos años ha sido percibida como una cuestión que tenía que ver con políticas sociales del Estado, sea a nivel autonómico, municipal o central. En el caso de vivienda, claramente no fue nunca concebida como un derecho. Mucha gente, en épocas de especulación inmobiliaria, lo concibió como una inversión para el futuro, pero no como un derecho. Eso no se revierte en tan poco tiempo.
¿Qué repercusión va a tener la gestión de la crisis económica?
El futuro no está escrito, pero si las políticas siguen profundizando en castigar a los colectivos más vulnerables violando sus derechos humanos, si seguimos tomando medidas de austeridad sin medidas paliativas, a nivel europeo y nacional, esto va a tener una repercusión por generaciones a la hora de profundizar en la desigualdad. Por eso hay que corregirlas inmediatamente. Si no, vamos a retroceder varios años.
“Se creía que a cualquier manifestación pública se podía ir pacíficamente y sin problemas, pero no. La sociedad está más indefensa”
¿España es hoy más desigual que hace cinco años?
Lo que es una constatación es que la gente está más indefensa. Se creía que había universalidad en salud, pero no. Se creía que todo el mundo tenía acceso fácil a una vivienda con un crédito, pero no. Hay desalojos y desahucios. Se creía que a cualquier manifestación pública se podía ir pacíficamente y sin problemas, pero no. La sociedad está más indefensa. Hay que rectificar. Tenemos que colaborar, por lo menos para que nos podamos defender. La desigualdad se ve en mucho más tiempo, pero si las políticas públicas no buscan proteger a los colectivos vulnerables de la sociedad, sino que los castigan, se hace una sociedad mucho más desigual y más injusta.
Antes de la crisis, ¿se hizo lo suficiente para garantizar esos derechos?
No. Deberíamos haber promovido cambios constitucionales para garantizar el acceso a la salud y la vivienda como derechos fundamentales, por lo menos. Con el acceso a la salud se hizo: hubo una ley en 1996, y otra en 2011. Pero, al no ser derecho fundamental constitucional, se puede poner y se puede quitar la ley. La única forma de que la gente considere, o logre, estar un poco defendida en materia de derechos humanos es que logremos dos cosas: cambios constitucionales y que el poder judicial cumpla con su obligación de utilizar las normas internacionales para proteger los derechos de la gente.
“Hay que cambiar la Constitución y que el poder judicial cumpla con su obligación de utilizar las normas internacionales para proteger los derechos”
¿Cómo es la situación en materia de vivienda?
La falta de datos es evidente. El último censo de vivienda protegida en España es del año 2001. Es difícil saber hasta el nivel de violación de derechos humanos. El único dato: desde 2007 a finales de 2012 ha habido 400.000 ejecuciones hipotecarias aproximadamente, aunque tampoco hay un desglose de cuáles son primera vivienda, segunda o de negocios. Pero es claro que hay un aumento de la gente que pierde su vivienda y se ve en la calle. ¿Cuánta gente hay sin techo en España? Es difícil de saber, pero son miles de personas. La situación no es irreversible, porque se pueden tomar medidas para solventar el derecho a la vivienda, pero estamos hablando de grave violación de derechos humanos en España.
¿Es la ley andaluza antidesahucios una solución efectiva?
Por lo menos reconoce el derecho a una vivienda adecuada como un derecho humano, y esto es importante. No es suficiente, porque no se pueden expropiar todas las viviendas en todo momento, pero va a aliviar a bastante gente. La medida que tomó el Gobierno central a mediados del año pasado de proteger por dos años el derecho a una vivienda adecuada tiene el problema de que es para grupos muy vulnerables de la sociedad y va a tener un efecto muy limitado. A diferencia de la ley andaluza, además, no paraliza el desahucio. Por lo tanto, es una medida que al menos muestra un reconocimiento de la vivienda como un derecho humano y la obligación de protegerlo.
El Gobierno estudia otro recurso. Una de las críticas recurrentes es que pone en peligro la estabilidad económica… ¿Cuestión de prioridades?
Lo que es una cuestión de prioridad es dónde pones el énfasis. La estabilidad económica es un concepto que no sé qué significa. Sé lo que significa que la gente pierda su casa. Es un derecho. No puedes tomar medidas que vulneren los derechos humanos, ese es el punto fundamental. Dejar sin tarjeta sanitaria, por ejemplo, a más de 800.000 personas, ¿contra qué atenta? Contra los derechos de la gente. Que pierdan su vivienda y no tengan medios para tener un techo viola los principios de Naciones Unidas sobre desalojo de viviendas. El Gobierno tiene como obligación cumplir los derechos humanos. Y las personas van antes que todo.
“La ley antidesahucios andaluza muestra un reconocimiento de la vivienda como un derecho humano y la obligación de protegerlo”
Andalucía también se declaró insumisa y siguió ofreciendo sanidad universal a personas sin tarjeta sanitaria…
Andalucía es una de las cinco comunidades que se negó a adoptarlo. Es una medida positiva, pero declaró que adoptaría en el futuro medidas legislativas para garantizar la universalidad y todavía no se han tomado. Necesitamos que el Gobierno andaluz no solo diga que no va a aplicarlo. Puede haber un escenario de caos administrativo en todo el Estado que ha provocado que pueda haber irregularidades, como cobrar urgencias, etc. El Gobierno andaluz ha tomado la medida de rechazar la medida, pero no ha tomado otras adicionales para garantizar el derecho a la salud.
¿Ha sido la crisis especialmente injusta con los inmigrantes?
La crisis ha aumentado la estigmatización por parte de los poderes públicos del colectivo de inmigrantes. Es injusto. ¿Por qué se restringe la tarjeta sanitaria? El mensaje que llega del Gobierno es que están haciendo uso indebido de la salud. Eso es estigmatización y no es cierto. Al contrario. La mayoría de los inmigrantes que llega a España son los más sanos, es la gente más joven. Todos los informes, incluso del BBVA, indican que en absoluto son ellos los que ocupan el sistema de salud. Son los ancianos, y ellos no son inmigrantes. La medida es injusta, estigmatizadora, ilegal en el marco del derecho internacional y es discriminatoria. Es un colectivo estigmatizado, y no solo en España. En Grecia, por ejemplo, se les ha tomado como los causantes de la crisis económica porque ocupan el lugar que los griegos tienen legítimamente que ocupar. Hay un riesgo: que eso derive en ataques racistas y xenófobos. Como el Gobierno español, además, no está preparado para documentar los ataques racistas, puede dar lugar a una invisibilidad del racismo en España.
“La estigmatización de los inmigrantes por parte de los poderes públicos puede derivar en ataques racistas y xenófobos”
En países como Grecia la ultraderecha ha ascendido con fuerza, de hecho. ¿Esta actitud no fomenta al auge de esas ideas extremistas?
Desde luego, manda un mensaje muy preocupante a la sociedad. El hecho de que los inmigrantes, por el simple hecho de serlo, son culpables de algo como colectivo.
¿Es probable un escenario en el que la ultraderecha gane fuerza en España?
Soy poco partidario de hacer adivinanzas. Es verdad que en el ámbito europeo existen una serie de políticas migratorias que castigan con cárcel a inmigrantes por el hecho de emigrar y que utilizan un sistema de externalización de fronteras para hacer más difícil la llegada, también a refugiados y exiliados, como es el caso de Siria. Además, las medidas que se toman sobre salud y educación castigan al colectivo de inmigrantes. Por lo tanto, si hay un colectivo en todo el mundo que tiene el riesgo de convertirse en una segunda clase de ciudadanos, con una segunda clase de derechos, son refugiados, exiliados e inmigrantes. Eso es muy peligroso, podemos perder la universalidad de los derechos humanos simplemente por el hecho de que estén en falta administrativa. Es un riesgo real que, además, puede alimentar una retórica populista.
¿Nos hemos movilizado más por la crisis?
Cuando están en riesgos sus derechos, la gente se moviliza. El año pasado en España hubo más de 35.000 manifestaciones. El nivel de protesta ha sido grande, también en buena parte de Europa y el mundo. Desde Ocupa Wall Street a Rusia. En China, por ejemplo, en los últimos dos años ha habido más manifestaciones públicas contra la corrupción que en los últimos diez años. A nivel mundial, hay un alto nivel de protesta. La gente defiende sus derechos en la calle, pero los gobiernos lo han aprovechado para restringir el derecho de manifestación. Hay una tendencia en restringirlo y eso es muy peligroso también. Que nadie piense que la crisis solo se va a utilizar para violar el derecho a salud, educación o vivienda. Hay que tener cuidado de que no se utilice para violar derechos civiles o políticos que creemos ganados.
“Si no hay movilización ciudadana, los gobiernos tienen la tentación de decir que lo que hacen no importa a mucha gente”
¿Qué vías puede tomar la sociedad civil?
En primer lugar, la sociedad civil tiene que organizarse muy bien para lograr presión internacional sobre los gobiernos. Amnistía Internacional juega ahí un papel fundamental. Tenemos que lograr que la Unión Europea y cada gobierno nacional sepan que tomar medidas de austeridad sin derechos humanos tiene un coste político. Eso significa ir también a los tribunales, como el Europeo de Derechos Humanos, acudir a la ONU, al Consejo de Europa, etc. La gente tiene que denunciar internacionalmente lo que ocurre. En segundo lugar, la gente tiene que convencer y presionar a su gobierno con movilización ciudadana. Es esencial. Si no hay movilización ciudadana, los gobiernos tienen la tentación de decir que lo que hacen no importa a mucha gente. La tercera es conseguir que haya un equilibrio de poder y que el poder judicial actúe cumpliendo con sus obligaciones de proteger los derechos de la gente. Eso significa denunciar ante los tribunales e insistir hasta conseguir sentencias. Desafortunadamente estamos en una situación muy difícil, pero afortunadamente tenemos todavía herramientas para poder defendernos. Pero cuidado, no perdamos las luces de larga distancia: si queremos que esto no ocurra nunca más, tenemos que lograr cambios constitucionales. Es importante que no vengan solo de los partidos políticos, sino de la sociedad civil. El más relevante es lograr que los derechos humanos sean igualmente reconocidos en la Constitución. Esa es la inversión para el futuro. Nos los podrán violar, pero nos podemos defender.
